Impunidad campea en Honduras

En aldea El Encino, Copán Ruinas una masacre dejó cinco muertos.

En seis días mis asignaciones en el trabajo de reportería para el periódico donde laboro, me llevaron a dar cobertura a tres de las cuatro masacres que ocurrieron en el país. Esas cuatro escenas son parte de los nueve asesinatos colectivos que ocurrieron en en el mes de noviembre, según informó el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh). 

Los ataques que los grupos criminales promovieron en algunos casos por sembrar el terror, otros por ajustar cuentas, venganzas y celos, dejan a un país sumido en un debilitamiento y por ende en poca confianza en el operar de las autoridades encargadas de dar seguridad. Parece que no tienen una brújula clara para neutralizar a los grupos, que en el caso de las maras y pandillas avanzaron y controlar sus acciones es un verdadero reto.

"Hay un irrespeto total por la vida que debilita la fuerza de la sociedad, la integración social y al Estado, si no se toman medidas de prevención, de alerta temprana y de investigación que conduzcan a la aplicación de la ley" dijo Roberto Herrera Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras.

La impunidad que nos ha rodeado contribuyó a fortalecer las acciones de las agrupaciones criminales. Ni cuenta nos dimos cuando el avance de esos grupos nos cercó y estamos en total indefensión. Vivir de cerca esas muertes, conocer a fondo la problemática de seguridad que aqueja a todos, me llevó a reflexionar que al final de cuentas, esos delitos comúnes, los ataques a gente inocente, son los que calan y que la población exige que deben combatirse de inmediato.

Es frustrante cuando varias víctimas de diferentes delitos comentan que muchas veces brindan información a las autoridades, entregan datos específicos de los hechos, pero se enfrentan con respuestas vagas. La exigencia de una denuncia los limita, el miedo de interponer la queja ante esas autoridades aumenta porque no tienen confianza que se les protegerá la identidad.

Ese temor entonces aleja a los denunciantes de las oficinas donde están los policías, militares e investigadores. La población tiene miedo, desconfianza y, ante esta situación será difícil avanzar para frenar el operar de los malos. Las autoridades ahora ni de oficio quieren tomar los casos para investigar e identificar a los homicidas, extorsionadores, ladrones y tantos otros delitos que afectan a la población hondureña. 

La reingeniería es urgente, pero más que todo es necesario construir la confianza entre la sociedad y las autoridades. Parte de esa confianza se desprenderá de la depuración real de la Policía, de una estrategia clara de acciones preventivas que marquen la ruta del actuar de los Policías, Militares, Fiscales para no tener la impresión que se actúa como apaga fuegos. Debe notarse el rumbo concreto donde el Policía que va a la calle tiene claro cuál es el sentido de recorrer las calles a pie o en patrullas. Cuando se tenga claro el camino, el rumbo en materia de seguridad, será otro.

Hacerle frente a las masacres, a los atentados a la integridad física, a las extorsiones y otros delitos es la prioridad. Debemos crear un frente común y que muestre coherencia en las acciones para sentir que verdaderamente se hace algo por enfrentar la inseguridad. Se debe encontrar esa línea para tomar las decisiones correctas y poco a poco neutralizar el operar de los grupos criminales. 

La tarea será fácil en la medida que se tenga voluntad por cambiar y ser contundentes. No se niegan los avances en materia contra el crimen organizado, pero esos avances parecen no ser suficientes porque la gente no lo percibe así. 

En Honduras solo el cuatro por ciento de los homicidios llegan a un juicio oral y público y son sancionados, eso da muestra de la impunidad que reina y que multiplicó los delitos. Los criminales saben que nunca irán presos y ante la falta de justicia, entonces los malos se multiplican. No más resultados tibios, a hacerle frente al mal, a darlo todo porque hay un pueblo cansado que hoy pide: Resultados.

Velatoria de la familia Larios en Nueva Frontera, Santa Bárbara.



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